El jueves llegó a su fin la iniciativa ecuatoriana de dejar petróleo bajo tierra en uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta, el Parque Nacional Yasuní, a cambio de una significativa contribución económica internacional.

El proyecto ambiental Yasuní-ITT fue lanzado por Ecuador hace seis años y pretendía recaudar US$3.600 millones de la comunidad internacional en 13 años, en compensación por la no explotación de unos 846 millones de barriles de petróleo en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), localizados en el Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía ecuatoriana.

Luego de tres años de creado un fideicomiso con Naciones Unidas para la recepción de los aportes, la iniciativa alcanzó apenas US$13.3 millones en depósitos concretos, mientras que otros US$116 millones quedaron en compromisos.

«El mundo nos ha fallado», dijo el jueves el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en cadena nacional de radio y televisión al anunciar el fin del proyecto ambiental y asegurar que «la explotación petrolera con adecuadas técnicas afectará menos del 1% del Parque» Yasuní.

En su intervención, el mandatario también afirmó: «El aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de US$18.292 millones». A decir de Correa, ese monto le servirá al país «para vencer la miseria, especialmente en la Amazonía» ecuatoriana.

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Razones

Pero mientras el gobierno de Ecuador avanza en sus planes de extracción petrolera, hay muchos que se preguntan por qué no tuvo éxito el proyecto ambiental que captó atención de diversos sectores internacionales.

Al hablar de «fracaso» en cuanto a los resultados económicos del proyecto Yasuní-ITT, el presidente Correa admitió que su gobierno seguramente cometió errores, pero dijo que estos no fueron decisivos.

También reconoció que la iniciativa coincidió «con la peor crisis económica global de los últimos 80 años». Pero especialmente resaltó que «el factor fundamental en el fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la del poder».

«Los países contaminadores también son los más ricos y fuertes», afirmó.

Sin embargo, hay otras lecturas del porqué del fin de la iniciativa.

Roque Sevilla, quien lideró la comisión técnica del proyecto Yasuní-ITT hasta enero de 2010, le dijo a BBC Mundo que, además de la crisis económica europea, influyeron contradicciones mostradas por el gobierno ecuatoriano en su posición frente al plan ambiental.

«Eso de tener siempre bajo la manga el plan B (de explotación petrolera en la zona del ITT) es algo que desanimaba a los aportantes», manifestó Sevilla, al señalar que no cree que la extracción de crudo en la zona del ITT tenga sólo un mínimo efecto en la biodiversidad del Parque Yasuní.

Por su parte, el codirector de la Estación de Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito, David Romo, dijo que poner fin al proyecto Yasuní-ITT significa que Ecuador ha sido incapaz de convencer al mundo de un cambio de la mentalidad de explotación de la naturaleza para el beneficio inmediato.

«Estábamos como ecuatorianos apostando a que somos una sociedad con una visión bastante innovadora y promotora de la conservación de la naturaleza», le comentó a BBC Mundo Romo, quien a la vez lamentó que los países más ricos del planeta no hayan asumido con esta iniciativa ambiental su «corresponsabilidad» en el problema ambiental.

Biodiversidad

En cualquier caso, la decisión del gobierno ecuatoriano en torno del proyecto Yasuní-ITT ha generado una intensa discusión en Ecuador, país con una enorme biodiversidad y con una Constitución «verde» resaltada por autoridades y ambientalistas (ver recuadro).

El miércoles, varios líderes indígenas pidieron que se convocara a una consulta popular para definir el futuro de la iniciativa Yasuní-ITT y amenazaron con movilizaciones en caso de anunciarse la explotación, más aún cuando en zonas del Parque Nacional Yasuní habitan pueblos aborígenes en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y los Taromenane.

Según la encuestadora Perfiles de Opinión, a junio de 2013 un 93% de la población ecuatoriana en Quito y Guayaquil estaba de acuerdo con la iniciativa Yasuní-ITT y un 66% no apoyaba la explotación en caso de que no recaudase suficientes fondos.

Y la discusión en torno de la iniciativa ambiental también se encendió en redes sociales como Twitter, con etiquetas como#NoToquenElYasuni#Yasuni y#ElMundoNosHaFallado.

El jueves, el presidente Correa optó por dirigir buena parte de su mensaje televisado a los «jóvenes de la Patria», a quienes les pidió confiar en el gobierno, mientras decenas de personas se concentraron a las afueras del Palacio de Gobierno en Quito para expresar, unos, su filiación al oficialismo y, otros, su rechazo a la explotación en Yasuní.

Datos del Parque Nacional Yasuní

  • Abarca 982.000 hectáreas en plena selva amazónica y se encuentra a 300 kilómetros al este de Quito.
  • Es el área protegida más grande del Ecuador continental y ha sido declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera.
  • Posee la mayor biodiversidad del mundo, según los científicos del lugar, y es el hogar de la comunidad indígena huaorani.
  • Sin embargo, allí también se encuentran algunos de los mayores yacimientos de crudo de Ecuador.
  • Actualmente, según expertos, un porcentaje de su superficie contiene actividad petrolera en bloques distantes a la zona del ITT.
  • Un 30% de los ingresos de Ecuador, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), provienen de la extracción de crudo.

 

Constitución «verde»

Autoridades y organizaciones ambientalistas ecuatorianas han resaltado que la Constitución en Ecuador es una de las más «verdes» del planeta. Aquí algunos de sus artículos:

  • Art. 71: «La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos».
  • Art. 407: «Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular».
  • Art. 57: «Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva».
  • Art. 398: «Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente (…) Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley».

Fuente: BBC. ¿Por qué fracasó el proyecto ambiental de Yasuní en Ecuador?.

A las 09:00 de ayer los dirigentes de la Confederacion de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) llegaron a la Asamblea Nacional para solicitar la aprobación de las Leyes de Aguas y Tierras con una consulta prelegislativa.

La Comisión de Soberanía los recibió y escuchó sus inquietudes. Según Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, la Asamblea está en mora por no aprobar aún estas normativas.

‘La Ley de Aguas -dijo- debía emitirse un año después de crearse la constitución (en 2009). Por eso, nuestra propuesta es que, por lo menos, se la apruebe en este año”. 

Asimismo, la Conaie y la Ecuarunari solicitaron la inclusión de algunas agrupaciones para una consulta prelegislativa. Este recurso permitiría conocer la opinión de varios sectores frente a las Leyes antes de su aprobación en la Asamblea Nacional.

Para esto se comunicará a las comunidades de la consulta con 30 días de anticipación y se receptarán las peticiones de las que no hayan sido inscritas. 

‘Lo que buscamos -dijo Pérez- es que los contenidos de estas normativas cuenten con el apoyo de la comunidad”. 

Según Pérez, la Comisión aceptó la petición de las dos organizaciones y se comprometió a ser la responsable de la organización de las audiencias provinciales para la ejecución de la consulta prelegislativa.

Sin embargo, el tiempo en el que esta se desarrollará y la fecha de una próxima reunión no se definieron. Todo dependería de la decisión de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional.

‘Ella seguramente hará lo que disponga el Presidente de la República -dijo-. Ahí es donde tenemos un poco de incertidumbre. Pero lo importante es que hablamos y esperamos que con esto se aprueben las Leyes”. (CG)

Fuente: Hoy.com.ec, “Conaie y Ecuarunari fueron a la Asamblea