Un experto señala que solo las grandes empresas tienen la capacidad de cumplir con la licencia ambiental.
A excepción de las grandes empresas, de las 1.600 cooperativas mineras que operan en todo el país, alrededor del 80% no cuenta con licencia ambiental y lleva adelante sus actividades sin el control del Estado, con grandes impactos de contaminación por el descarte de los residuos y la utilización de recursos hídricos en las zonas de influencia. Esta realidad refleja Emilio Madrid, uno de los investigadores que escribe en el libro «La veta del conflicto, ocho miradas sobre conflictividad minera (2010-2014)», presentado esta semana la fundación Unir.
Los principales factores que explicitan esa situación tienen que ver con las características de las cooperativas mineras, cuya actividad es precaria y de baja productividad y con escasa tecnología por lo que son catalogados como incapaces de sostener un estudio de impacto ambiental.
«Solamente las grandes empresas tienen la capacidad y posibilidad de poder cumplir medidas de control ambiental. Eso tiene que ver con las grandes empresas que no pasan de 20 las que operan en el país. En cambio, el 80% de las cooperativas de las 1.600 existentes en el país, no cumple la licencia ambiental. De hecho opera sin licencia ambiental», señaló Madrid.
Ausencia del Estado. Madrid señaló que el Estado es el gran ausente en dicha actividad, el mismo que tienen que ver con dos contextos. El primero relacionado a las grandes empresas que, pese a su capacidad de cumplir las normativas, el procedimiento de control está diseñado de tal manera que los operadores realizan sus propios controles, vía la contratación de consultoras y laboratorios en una relación de compra-venta de servicios ambientales, que al final culminan minimizando los efectos no amigables con la naturaleza en una especie de autocontrol.
«Ellos contratan consultora para realizar esos monitoreos ambientales, lo cual difícilmente un operador va a tomar en cuenta a una empresa que le diga que no puede realizar operaciones en zonas de alta fragilidad ecológica. En ningún momento van a contradecir las operaciones», apuntó.
Pero, el segundo problema tiene que ver con un Estado que «deja pasar y hacer» a su libre albedrío a las cooperativas mineras toda explotación minera. «A consecuencia de esto se han visto problemas gravísimos como en la zona de la Chiquitania donde las cooperativas mineras, llevan adelante sus actividades con fuerte impacto ambiental con las excavaciones que se realizan, se dejan escombros y residuos de extracción minera, no hay previsiones con el mercurio que se utiliza», argumentó.
El mayor daño. Según Sara Crespo, Directora de la ONG Probioma, la nueva Ley de Minería en lugar de regular lo expuesto por el experto Madrid, soslaya el control a simples consultas a las comunidades al poner el riesgo sobre todo el agua, dado que la explotación minera, en el caso de la actividad aurífera, es el que más agua consume y contamina a nivel mundial.
Según estudios internacionales la explotación de una empresa aurífera consume 20.000 litros de agua por hora equivalente al consumo anual de una familia de cinco miembros. «Por ejemplo, en el proyecto siderúrgico del Mutún, se preveía cuando se estaba instalando la Jindal, la provisión de alrededor de 5.500 litros de agua por hora, equivalente a todo el consumo que tiene Santa Cruz en un mes», puntualizó Crespo.
Por otro lado, el otro gran problema es que la misma actividad por los residuos que despide de las colas y desmontes, más aún por las características particulares del oriente boliviano, el daño va directamente a los conductos hídricos bajo tierra como son los acuíferos.
La situación minera. La explotación y exportación de los recursos naturales ha sido, desde tiempos de la colonia, orientado asociado al extractivismo con muchos impactos, además de ambientales, sobre todo económicos.
El gran drama del país en la hora actual, según Marcos Gandarillas, Director Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), es la actual norma donde el Estado pierde el control ante la gran proliferación de las cooperativas mineras y expansión hacia el oriente boliviano. «Hay cientos de operaciones mineras de las cooperativas en el norte de La Paz donde la actividad se ha vuelto peor que en el lejano oeste y solo en San Ramón (Santa Cruz) se dice que hay unas 300 dragas. En ese contexto la Ley no prevé nada, al contrario solo entrega derechos», señaló el experto. Además, Gandarillas remarcó que la contaminación con mercurio en los ríos donde se explotan oro, se genera grandes problemas de salud pública para el país y con grandes consecuencias para el medio ambiente.
De acuerdo al estudio de UNIR. Por su parte, Pablo Poveda puntualiza que en los últimos años el alza de los precios de los minerales ha dinamizado la actividad minera y sobre todo de las cooperativas en el país. De las 1.600 operadoras existentes, 1.000 se encuentran explotando sobre todo oro en el departamento de La Paz, bajo condiciones de precariedad, con escasa mano de obra y cero en tecnología.
Según estudios de Poveda, la producción nacional de minerales ha superado el millón de toneladas anuales de los cuales el 73% corresponde a la gran minería privada, un 22% a las cooperativas y un 5% a la estatal Comibol. «Con la nueva Ley minera, precisamente se fortalece a este sector de las cooperativas, cuya producción es precaria, pero genera muchos empleos y con relativo impacto ambiental, dado que la gran empresa igual deja grandes daños ambientales», puntualizó.
Contexto El modelo de la minería actual y sus conflictos
Contexto. De acuerdo al estudio de ‘las ocho miradas sobre conflictividad minera’, libro recientemente presentado en Santa Cruz, por la fundación UNIR, da cuenta una serie de conflictos en coyuntura y en el devenir inmediatos. Entre ellas los conflictos por la posesión de yacimientos mineros como el de Arcopongo y Trinidad Pampa en el deparmento de La Paz, hacen presagiar más incidentes en otras zonas como el departamento de Santa Cruz, donde al menos 300 cooperativas desarrollan sus actividades lejos del control del Estado.
Avasallamientos. El otro aspecto preocupante que el estudio de UNIR refleja es el referido a la ocupación de predios de comunidades locales por la expansión desmedida y descontrolada de las cooperativas mineras. En el caso de Santa Cruz, la gran Chiquitania donde se asienta dormida el Precámbrico, se avizora una gran amenaza para las comunidades indígenas. Pero los expertos también reflejan el ejemplo de La Paz, donde las comunidades han tomado a su cargo la explotación y comercialización del mineral.
Agua. El conflicto por el agua se da por dos factores, primero por la utilización y otro por la contaminación que provoca la actividad minera.
Alternativas Formalización y un mayor control del Estado
Transformación. Según expertos en el tema y en particular de José Padilla, la única opción para desarrollar una minería amigable con el medio ambiente y sostenible en el tiempo es vía el proceso de industrialización de la materia prima que se extrae. Para ello el Estado debe adoptar política de largo alcance y con una millonaria inversión.
Regular. Según el investigador, Eliodoro Sandi, en el estudio de UNIR, sostiene que el Estado debe impulsar políticas públicas de formalización de las cooperativas mineras y otras formas asociativas a fin de asegurar el cumplimiento de las normas legales, ambientales, laborales y sociales.
Comunidades. Además, Sandi plantea que el Estado debe promover el desarrollo de las capacidades indígenas de las comunidades mineras orientadas a la diversificación de sus economías, con el fin de disminuir su dependencia de la actividad minera.
Recursos. Finalmente plantea crear fondos de contingencia con recursos excedentes derivados de los altos precios de los minerales, con el objeto de aplicar políticas compensatorias en coyunturas de precios bajo. Y además plantea promover asociaciones público privadas (empresa-municipios) para proyectos de desarrollo.
Punto de vista «El Estado no tiene un plan para industrializar la minería» José Padilla Experto en energía y minería ‘La minería, en el espacio económico, es la segunda fuente de ingresos del país, después de los hidrocarburos y seguido por la exportación de productos no tradicionales. En ese contexto, la situación actual es delicada por la caída de los precios de los minerales, en particular del estaño. Eso significa que mientras Bolivia sea un país extractivista, seguiremos sufriendo estos bajones de los precios internacionales, pero lo más grave es que el Estado, no tiene un plan estratégico para encarar de manera diferente este problema. Eso significa tener una política de darle valor agregado a los minerales que se explota y que se exporta. Pero como vemos en este momento, la gran mayoría de la actividad minera no solo que no cumplen con las normas ambientales sino que trabajan en condiciones técnicas y humanas muy precarias. Apenas, luego de tantos años, se está dando valor agregado al estaño, pero con otros minerales como el cobre, el zinc y otros, seguimos siendo extractivistas como en la época de la colonia. Para superar esta situación el Estado debe hacer grandes inversiones en tecnología y darle valor agregado a las materias primas. Eso significa plantearnos como única alternativa cómo industrializar la minería a partir del Mutún por el lado del oriente y el litio en el occidente. Nuestro drama por ahora es seguir siendo extractivistas. Eso debemos cambiar rotundamente’. «Por la escasa industrialización, la calidad de vida de la población es mala, por consiguiente las actividades extractivas mineras se convierten en una fuente importante de ingresos para la población». Pablo Poveda Ávila Exponente en el libro ‘la veta del conflicto’ de la fundación UNIR ‘La estructura de las exportaciones bolivianas en los últimos años ha pasado a depender en más del 80% de los recursos no renovables. El país no ha podido supera el viejo modelo exportador de siglo XIX’
Eliodoro Sandi Bernal Exponente en el libro ‘la veta del conflicto’ de la fundación UNIR
Fuente: El día. 80% de las cooperativas evade licencia ambiental.