Página Siete / La Paz
El Gobierno y la Unión Europea (UE) firmaron un convenio para identificar y diseñar los planes que den solución a los daños ambientales en 10 áreas protegidas producidos por trabajos mineros e hidrocarburíferos y que se conocen como pasivos ambientales.
Del proyecto se espera obtener tres resultados estratégicos fundamentales.
El primero es «actualizar o generar información sobre emprendimientos extractivos en actividad y sitios abandonados, mineros e hidrocarburíferos, su impacto socioeconómico y el riesgo de contaminación, para la gestión de pasivos ambientales en 10 áreas protegidas priorizadas: Aguaragüe, Amboró, Carrasco, Madidi, Pilón Lajas, San Matías, Apolobamba, Cotapata, Manuripi e Iñao”.
En segundo lugar, busca diseñar políticas, normas y estrategias de intervención para gestionar los pasivos ambientales y minimizar los efectos futuros.
Finalmente, intenta «generar conocimientos para la gestión de los pasivos ambientales a nivel institucional, social y académico que permitan incrementar las capacidades para gestionar los pasivos ambientales por actividades mineras e hidrocarburíferas”.
Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos. El convenio suscrito por el Gobierno y la UE busca enmendar este problema.
El jefe de la Sección de Cooperación de la UE, Francisco García, anunció el financiamiento de dos millones de euros (2,64 millones de dólares) para dos años.
«El objetivo es contribuir a la gestión de los pasivos ambientales en las áreas protegidas nacionales y sus recursos hídricos, ocasionados por actividades mineras y/o hidrocarburíferas, y contribuir en general a la mejora de en el país”, declaró.
El ministro de Minería, César Navarro, destacó el inicio de este programa. «El tema ambiental puede ser muy decisivo para la actividad minera”, subrayó.