La licencia ambiental de la represa San Antonio, a la que se responsabiliza junto a la de Jirau por las inundaciones en la región amazónica de Brasil y Bolivia, fue obtenida irregularmente, según una denuncia difundida por la prensa brasileña.
Un reportaje del periódico O Estado de Sao Paulo señala que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) “fue engañado” al emitir una licencia sin previa verificación del impacto ambiental en la zona.
Los cuestionamientos a ambas represas datan de 2006 y surgieron antes de su construcción tanto en Bolivia como en Brasil.
El tema toma fuerza por los efectos ante la crecida del río Madera.
La semana pasada, miles de personas quedaron sin hogar en Rondonia, hubo inundación en Jaci-Paraná, el estado de Acre quedó aislado por la inundación de las carreteras y se declaró desastre en Porto Velho, capital de Rondonia en lo que se calificó como la mayor inundación en 100 años, en la zona. El Ministerio Público y los ambientalistas coincidieron en atribuir parte del daño a las represas.
Al respecto, el presidente del consorcio encargado de la construcción de Jirau, Victor Paranhos, dijo que el Ibama fue “inducido al error” por el consorcio San Antonio Energía (SAE) responsable de la obra, según el reportaje publicado la semana pasada en el diario O Estado de Sao Paulo. Paranhos dijo que se permitió un embalse de 70,5 metros “sin evaluar y cuantificar adecuadamente” el impacto ambiental. El Ibama, que tiene competencia federal, es responsable de los estudios de impacto ambiental y la concesión de las licencias ambientales de proyectos a nivel nacional en Brasil.
La revelación surgió en medio del conflicto entre los consorcios a cargo de la construcción de las presas debido al alto volumen de agua que San Antonio estaría reservando, comprometiendo la estructura de Jirau.
Paranhos recordó que en marzo de 2012, la Agencia Nacional de Aguas (ANA) dispuso una norma que señalaba que San Antonio tendría que empezar a reducir el embalse a un tope de 68,5 metros cuando el caudal del río Madera alcanzara los 34.000 metros cúbicos por segundo. El 3 de febrero, el embalse estaba a una altura de 70,4 metros y el caudal del río fue de 38.315,68 metros por segundo.
El ejecutivo afirma que el Ibama fue inducido al permitir un embalse mayor sin previo análisis y que si San Antonio cumplía la norma de la ANA, el impacto sobre las poblaciones de Jaci-Paraná y Porto Velho habría sido menor.
Paranhos, cuya empresa tiene como mayor accionista a la franco-belga GDF Suez, añadió que a pesar de eso, San Antonio intenta elevar aún más su cota de embalse a 71,3 metros. “En una situación como la actual, subir otro metro dejaría a Jaci-Paraná prácticamente bajo el agua”, afirmó.
Por su parte, el Ministerio Público de Rondonia presentó, a mediados de febrero, un documento de 14 páginas en el que señala las “decenas de acciones que cuestionaban las licencias otorgadas por el Ibama y otros organismos ambientales”, según reportó el diario electrónico Rondoniaaovivo, a mediados del mes pasado.
Acción civil
En julio de 2012, el Ministerio Público de Rondonia junto al Mnisterio Público Federal interpusieron una acción civil para impedir que el Ibama conceda la licencia de operación para que la represa de San Antonio proceda a elevar la cota de embalse de 70,5 a 71,3 mientras no se cumplan ciertas condiciones técnicas impuestas en 2013. El pedido fue aceptado el mes pasado.
Fuente: Los Tiempos. Brasil: licencia para represa es cuestionada.